Desde el período
colonial hasta el inicio de los años 1960, no hubo política de tierras en
Brasil. Sin embargo, con la transformación de el medio rural promovida por la
modernización agrícola (industrialización) y el éxodo rural, en que millares de
trabajadores rurales se migraran para la ciudad, ocurriendo, así, el agravamiento
de problemas de cuño social, económico y ambiental, relacionados a la falta de
infra estructura, salude, empleo y saneamiento básico, hubieran muchos
protestos y conflictos en el campo, pues muchos trabajadores no tenían tierra
para sobrevivir.
Como las
reivindicaciones de los trabajadores del campo pasaran a difundir por toda la nación
e incomodar las elites dominantes, aumentando los conflictos en número y
violencia, el gobierno crio, en 1962, la “Superintendencia de la Reforma
Agraria (Supra)”, con el cargo de ejecutar la reforma agraria. En el marzo de
1963, fue aprobado el Estatuto de el Trabajador Rural, regulando las relaciones
de trabajo en el campo y, en 1964, consiguió la firma del decreto que previa la
desapropiación, para los fines de la reforma agraria, de las tierras localizadas
en las áreas de 10 km a lo largo de las autopistas, ferrovías y represas construidas
por el gobierno federal. Por lo fin, el presidente de la República João Goulart
encaminó un mensaje a el Congreso Nacional proponiendo un conjunto de providencias
consideradas “indispensables e impostergables para atender a las viejas y
justas aspiraciones populares”, entre las cuales, con realce, la reforma
agraria.
Pero luego después
ocurrió el golpe militar y el presidente fue depuesto. Entre las razones presentadas
para el golpe, estaba la reforma
agraria, pues esta implicaba en la democratización del acceso a la tierra y del
poder.
Mismo en el
periodo militar, hubo la elaboración del Estatuto de la Tierra, con el objetivo
de implantar la reforma agraria. Pero esa política de tierra mostró la ineficacia
de la acción gubernamental para beneficiar las populaciones pobres y sin
tierras, en que hubo el acceso precario a la tierra, la insuficiencia de tierra
y fallas de las políticas de apoyo – fomento, crédito, extensión rural, etc.
En el fin del
periodo de la dictadura militar ocurrió el agravamiento del conflicto de
tierra, como una de las consecuencias del proceso de modernización conservadora
de la agricultura brasileira. Surgieran, así, varias formas de organización en
la lucha por la tierra y por la reforma agraria: las ligas camponesas, como el
MST (Movimiento de los Sin Tierra), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y
los sindicatos de los trabajadores rurales.
Así, a través de
la fuerza de esos movimientos sociales, en 1988, hubo la creación de Nueva Constitución,
vigente hasta hoy, en que garante la desapropiación de propiedad rural, que no cumple
suya función social, para los fines de la reforma agraria. Actualmente,
prevalece para el gobierno el concepto sobre Reforma Agraria presente en el
Art. 1º, § 1º, Ley 4504/64 de el Estatuto de la Tierra en que, “se considera
reforma agraria el conjunto de medidas que visan a promover mejor distribución de
tierra, mediante modificaciones en el régimen de suya pose y uso, a fin de
atender a los principios de justica social y al aumento de la productividad”.
Pero a pesar de
la Constitución dar medios para la concretización de la reforma agraria en
Brasil, en la realidad eso no ocurre. Con la aprobación de el Art. 185 y 186 de
la Constitución Federal, en que dice que “no son susceptibles de desapropiación
para los fines de reforma agraria: (…) II- la propiedad productiva.”, cualquier
propiedad puede ser declarada productiva, mismo que no está produciendo, para
el inmueble no ser susceptible de desapropiación.
Actualmente, Brasil
es constituido por 69 mil grandes propiedades improductivas, el equivalente a
228 millones de hectáreas. Y conforme los datos del Instituto Brasilero de
Geografía y Estadística, en 1995, cerca de 1% de propiedades tenían cerca de
45% de la área para la agricultura.
A pesar de todos
los argumentos al favor de la realización de la Reforma Agraria, en Brasil hay
un modelo económico que es antagónico con un plano de distribución de tierras e
incentivos a la agricultura familiar.
El actual modelo,
conocido por agronegócio, mantiene la
estructura de la tierra de los grandes inmuebles monocultores que se dedican a producción
para el mercado externo. En todas las regiones del país se consolida este
modelo agroexportador. Además, la grande mayoría de los investimentos son
realizados por empresas multinacionales, vinculados a los grupos empresarias
nacionales.
Así, una Reforma
Agraria, pautada pelos movimientos sociales, con los objetivos de eliminar la
pobreza en el medio rural; combatir la desigualdad social y la degradación de
la naturaleza, que tiene suyas raíces en la estructura de propiedad y de
producción en el campo; garantir trabajo para todas las personas, combinado con
distribución de rende; garantir soberanía alimentar de toda la populación
brasileña, produciendo alimentos de cualidad y desarrollo de los mercados
locales; garantir condiciones de participación igualitaria de las mujeres que
viven en el campo, en todas las actividades, en especial en el acceso a la
tierra, en la producción y en la gestión de todas las actividades, buscando
superar la opresión histórica impuesta a las mujeres, especialmente en el medio
rural; preservar la biodiversidad vegetal, animal, cultural que hay en todas
las regiones de Brasil; y garantir condiciones de mejoría de vida para todas
las personas y acceso a todas las oportunidades de trabajo, renda, educación y
ocio, estimulando la permanencia en el medio rural, en especial la juventud; en
la actual situación de la agricultura brasileña, requiere un enfrentamiento de
el modelo de agronegócio.
Por: Luiza Azevedo Ribeiro
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
"A terra e os bens da natureza são, acima de tudo, um patrimônio dos povos que habitam cada território, e devem estar a serviço do desenvolvimento da humanidade.
ResponderExcluirDemocratizar o acesso à terra, aos bens da natureza e aos meios de produção na agricultura à todos os que querem nela viver e trabalhar. A propriedade, posse e uso da terra e dos bens da natureza devem estar subordinados aos interesses gerais do povo brasileiro, para atender às necessidades de toda população." MST